Guias COVID-19

Cómo gestionar el lugar de trabajo durante la crisis de la COVID-19

2.1 Mantener un lugar y ambiente de trabajo seguro y saludable

¿Cuáles son las responsabilidades de los empleadores en relación con la COVID-19 en el lugar de trabajo?

La mayoría de las legislaciones nacionales sobre empleo y aspectos de la seguridad y la salud (SST) obligan a los empleadores a proporcionar y mantener, en la medida de lo posible, un lugar de trabajo libre de peligro que garantice la seguridad y la salud de sus trabajadores y de otras personas. Esto incluye proporcionar y mantener: procurar un entorno laboral que no suponga riesgos para la seguridad y la salud, lo que incluye determinar los riesgos asociados a la posible exposición a la COVID-19 y adoptar las medidas necesarias para controlar esos riesgos (véanse las secciones 1.5 a 1.7 para los pormenores sobre las medidas que deben adoptar los empleadores).

La Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas y Aplicación de Protocolos de Bioseguridad establece que todos los establecimientos, industrias o actividades comerciales, religiosas o deportivas, para su funcionamiento deben contar con la autorización del Poder Ejecutivo a través del Sistema Nacional de Riesgos. Todos los centros de trabajo están obligados a aplicar y cumplir con los protocolos de bioseguridad por motivo de la pandemia COVID-19 aprobados por el Poder Ejecutivo, a fin de garantizar la salud de los trabajadores y la población en general.

De igual manera establece la obligación que recae en los patronos de suministrar por su cuenta a todos sus empleados de todos los implementos de bioseguridad. En caso de incumplimiento de la aplicación de estos protocolos de bioseguridad, la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en conjunto con la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, podrá cancelar la operación de forma temporal de cualquier centro de trabajo o actividad comercial donde se determine que no se observa la aplicación de dichos protocolos. Asimismo, podrán ordenar las medidas correctivas que sean necesarias para eliminar el riesgo de contagio de la COVID-19 y las preventivas para evitar el hacinamiento de personas o cualquier otra que prevenga un posible siniestro, todo ello con el propósito de salvaguardar la vida, la integridad física, la salud de los trabajadores y la población en general.

En caso que sean los trabajadores quienes incumplan con las medidas establecidas en los protocolos de bioseguridad debe sancionarse conforme las disposiciones establecidas en el reglamento interno de trabajo, normas especiales diseñadas por la empresa y demás normativa laboral aplicable a cada caso concreto.

Los empleadores están obligados a proporcionar a los trabajadores información adecuada sobre los riesgos para la salud que entraña su trabajo [22] ; consultar a los trabajadores sobre los aspectos de la SST [23] ; y, cuando sea necesario y en la medida en que sea razonablemente viable, suministrarles ropa y equipos de protección personal apropiados sin que ello implique costo alguno para el trabajador [24] .

Los empleadores del sector comercio también deben estar al tanto de las últimas políticas o directrices adoptadas por las autoridades nacionales o locales que pudieran exigirles la observancia de ciertas prácticas o disposiciones laborales, como el teletrabajo, los pedidos «únicamente para llevar» en restaurantes y cafeterías, o incluso las órdenes de clausurar cualquier actividad comercial no esencial [25] . Y, deben informar de forma oportuna y conveniente a todos los trabajadores de los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo a través de la persona o equipo designado que asuma la iniciativa en la comunicación sobre la COVID-19 o las comisiones mixtas de higiene y seguridad de la empresa. [26]

En resumen, incluso en ausencia de una obligación legal específica en relación a la COVID-19, los empleadores, en aplicación del Artículo 9 literales a), b), ch), e), ñ) y o) del Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales deben elaborar un plan de acción para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores y para reducir al mínimo o eliminar los riesgos de propagación de la COVID-19 acatando las directrices tanto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud como de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.

Referencias

  1.    22

    Párr. 22 de la Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 171).

  2.    23

    Art. 19, e) del Convenio núm. 155.

  3.    24

    Artículos 16, 3) y 21 del Convenio núm. 155.

  4.    25

    Se debe tener presente que conforme al artículo 396 del Código del Trabajo, todos los trabajadores que se ocupen en la manipulación,
    fabricación o expendio de productos alimenticios para garantizar la inocuidad en el manejo de dichos alimentos deben proveerse cada mes de un certificado médico que acredite que no padece enfermedades infectocontagiosas, el que será emitido gratuitamente por médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, de la Dirección General de Sanidad o sus dependencias, o por cualquier médico que desempeñe un cargo remunerado por el Estado o por sus instituciones

  5.    26

    Art. 37 del Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

22

Párr. 22 de la Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 171).

23

Art. 19, e) del Convenio núm. 155.

24

Artículos 16, 3) y 21 del Convenio núm. 155.

25

Se debe tener presente que conforme al artículo 396 del Código del Trabajo, todos los trabajadores que se ocupen en la manipulación,
fabricación o expendio de productos alimenticios para garantizar la inocuidad en el manejo de dichos alimentos deben proveerse cada mes de un certificado médico que acredite que no padece enfermedades infectocontagiosas, el que será emitido gratuitamente por médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, de la Dirección General de Sanidad o sus dependencias, o por cualquier médico que desempeñe un cargo remunerado por el Estado o por sus instituciones

26

Art. 37 del Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

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