Guias COVID-19

Cómo gestionar el lugar de trabajo durante la crisis de la COVID-19

1.9 ¿Contempla el régimen de indemnización de los trabajadores la COVID-19?

El seguro de indemnización proporciona apoyo económico a los trabajadores en caso de una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo [14] . Si el impacto de la COVID-19 se contempla o no en el régimen de indemnización laboral es una cuestión jurídica que se dirimirá en función de la jurisdicción y las circunstancias.

Los empleadores deben determinar la situación en el país, ya que cualquier reclamación de una indemnización por parte de los trabajadores requerirá una investigación de los hechos, y ciertos grupos de trabajadores son más vulnerables y pueden estar protegidos por legislaciones específicas.

La OIT ha dado a conocer ya grupos de personas que son particularmente vulnerables a la COVID-19 (véase el recuadro 2).

Personas a las que la OIT considera particularmente vulnerables a la COVID-19

  • Los jóvenes cuyo colectivo ya acusa tasas más altas de desempleo y subempleo.
  • Las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores más afectados (como en los servicios) o en ocupaciones que están en primera línea de combate contra la pandemia (por ejemplo, en la enfermería).
  • Los trabajadores desprotegidos, incluidos los autónomos.
  • Los trabajadores migrantes, retornados o desplazados.

Fuente: OIT, 2020a.

Legislación Nacional:

La COVID-19 al ser considerado una Pandemia, se diferencia del brote y de la epidemia. Esta distinción es importante pues nuestra legislación contempla regulaciones en relación con las enfermedades comunes, las enfermedades profesionales y los casos en que las enfermedades endémicas o epidémicas constituyen una enfermedad profesional, pero no existe regulación específica sobre la forma de catalogar las enfermedades que se deriven de una pandemia y si éstas se consideran o no como un riesgo de trabajo.

La Ley Marco del Sistema de Protección Social al definir su objeto y ámbito de aplicación establece que se materializa con el acceso a un Conjunto Garantizado de Prestaciones y Servicios de Salud para toda la población para lo cual se proporcionan medidas de promoción, prevención, curación, rehabilitación y/o apoyo de todas las patologías, incluyendo enfermedades terminales, crónicas discapacitantes y/o catastróficas. [15]

Por lo imprevisto y repentino, la COVID-19 no se encuentra contemplado expresamente en la Tabla de Enfermedades Profesionales contenida en el artículo 455 del Código del Trabajo, pero éste en su Artículo 404 define como “enfermedad profesional” todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinada por agentes físicos, químicos o biológicos”.

Para determinar si padecer de la COVID-19 se configura como un riesgo profesional (si se adquiere en el lugar de trabajo) hay que recurrir, además, a criterios jurisprudenciales y doctrinarios como ser:

a) La obligación extracontractual del empleador contenida en el Artículo 25 del Código del Trabajo (podríamos decir que la obligación de indemnizar es una cláusula de la naturaleza del contrato de trabajo que para su cumplimiento o necesita de una expresa mención);

b) la teoría del riesgo profesional o de empresa;

c) la relación o nexo de causalidad entre la labor desempeñada (incluido el ambiente y las condiciones en que se realiza) y la enfermedad o accidente, distinguiendo si la COVID-19 se contrajo a causa del trabajo o con ocasión del trabajo;

d) deberán quedar claras las circunstancias cronológicas y topográficas en que se produjo el contagio, sobre todo en el caso del teletrabajo;

e) la teoría del daño para determinar la presencia o no de elementos dolosos o culposos, circunstancias agravantes o atenuantes de responsabilidad; y,

f) Es importante señalar que el Artículo 4 numeral 29) del Reglamento de la Ley del Seguro Social considera como accidente de trabajo el que se produce durante el trayecto y horario habituales del trabajador desde su residencia al lugar de trabajo y viceversa (el llamado accidente de trabajo in itinere). En todo caso, debería exigirse el cumplimiento del Artículo 142 del Reglamento General de la Ley del Seguro Social que ordena la creación de un Fondo para hacer frente a las enfermedades de alto costo o catastróficas.

Ya sea que se trate de una enfermedad común o un riesgo profesional, la Ley del Seguro Social prevé los dos tipos de indemnizaciones.

Para la enfermedad común o no profesional prevé, además de la asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica, un subsidio en dinero en el caso de incapacidad laboral debidamente acreditada [16] .

El subsidio se rige por las siguientes reglas:

  • Ser asegurado activo del IHSS.
  • Tener al menos dos meses de cotizar en los cuatro meses calendarios anteriores a la incapacidad.
  • Estar trabajando a la fecha del comienzo de la incapacidad.
  • El subsidio se pagará a partir del cuarto día y por el tiempo que dure la incapacidad hasta un máximo de 26 semanas que pueden ser prorrogables.
  • Se concede por días incluidos los domingos y días feriados.
  • Se liquidará en periodos vencidos no mayores de treinta (30) días.

El cálculo del subsidió diario será el equivalente al 66% del salario base mensual de referencia (aquel sobre el cual está cotizando), monto que disminuirá al equivalente del 50% del salario si el trabajador se encuentra hospitalizado y no tenga personas que dependan de él. El empleador debe pagar la diferencia hasta completar el total del salario que devenga el trabajador. [17]

Para la enfermedad Profesional, al igual que para la enfermedad común se establece un subsidio en dinero en el caso de incapacidad laboral temporal, el que se debe calcular de la misma forma. [18]

En ambos casos el subsidio se pierde cuando la enfermedad o el riesgo se produzca intencionalmente por el trabajador, eso implica que el trabajador, para optar a una de estas indemnizaciones, debe haber actuado de manera diligente, sin dolo y sin culpa, acatando las instrucciones y siguiendo todas las medidas que establezcan tanto el Gobierno como el empleador para disminuir el riesgo de contagio.

Finalmente, la regla general es que el patrono está en la obligación de cubrir las indemnizaciones por las enfermedades profesionales que se contraigan en la labor que ejecute el trabajador. [20]

En el caso en que la empresa cuente con un seguro médico colectivo para sus trabajadores contratado con una empresa privada se tendrán que verificar las cláusulas del Contrato que se refieren tanto a la cobertura del riesgo como la de la incapacidad parcial o permanente para asegurar: a) por un lado que, en caso de contagio, el ente asegurador ofrezca los servicios de emergencia y pasada la pandemia buscar los mecanismos de compensación; y, b) en caso de que no exista cobertura para esta enfermedad corresponde al empleador hacer las negociaciones pertinentes con la aseguradora para que sus trabajadores puedan acceder a la asistencia o a la indemnización. En el marco de estas disposiciones, es de conveniencia del patrono y del trabajador promover y aplicar la mayor cantidad de medidas preventivas en el centro de trabajo (teletrabajo y distanciamiento) para contribuir a evitar la propagación del virus en las instalaciones, preservar la salud de los empleados y reducir al mínimo las reclamaciones de indemnización.

Independientemente de que el seguro de indemnización de los trabajadores cubra o no la enfermedad, los empleadores deberían precaverse contra los riesgos de que los trabajadores contraigan la COVID-19 en el lugar de trabajo y asegurarse de adoptar todas las medidas necesarias de carácter práctico para luchar contra ella. Se recomienda a los empleadores que, si les preocupa esta cuestión, busquen un asesoramiento jurídico que tenga en cuenta sus circunstancias específicas.

En el caso que como consecuencia de un contagio con la COVID-19 un trabajador sufra una incapacidad permanente total (es decir, si ha perdido un 65% o más de su capacidad funcional para trabajar o si como consecuencia del riesgo profesional se encuentra imposibilitado para procurarse una remuneración habitual superior al 35% de la que habitualmente recibiría un trabajador sano del mismo género, en semejante capacidad de trabajo y con formación análoga) éste, como regla general, tendrá derecho a una pensión por Incapacidad Permanente Total por Riesgo Profesional equivalente al 70% del salario base mensual sobre el que se cotiza al IHSS al momento en que ocurra la enfermedad.

Si la incapacidad Permanente es parcial (es decir, el trabajador sufre una disminución definitiva de alguna o algunas de sus facultades en un grado superior al 15% pero inferior al 65% que le impiden desempeñar el trabajo para que le fue contratado) éste tiene derecho: a) a una pensión mientras subsista la condición de incapacidad permanente parcial desde la fecha en que lo determine la Comisión Técnica de Invalidez en coordinación con la Comisión Técnica de Riesgos Profesionales; y, b) a que se le reconozca una pensión en proporción al daño sufrido la que se calcula multiplicando el porcentaje que señale la Tabla de Valuación utilizada por la Comisión Técnica de Invalidez por el monto de la pensión que le hubiese correspondido en el caso de una Incapacidad Permanente Total.

Referencias

  1.    14

    Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121). Si los trabajadores contraen enfermedades profesionales, deberían tener derecho a una indemnización y a atención médica.

  2.    15

    Art. 15 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social.

  3.    16

    Art. 34 literal b) de la Ley del Seguro Social.

  4.    17

    Arts. 36 al 43 del Reglamento de la Ley del Seguro Social,

  5.    18

    Art. 42 numeral 2) de la Ley del Seguro Social.

  6.    19

    Artículo 418 numeral 3 del Código del Trabajo y Art. 43 de la Ley del Seguro Social.

  7.    20

    Arts. 95 numeral 10) y 413 del Código del Trabajo.

  8.    21

    Artículos del 76 al 81 del Reglamento General de la Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

14

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121). Si los trabajadores contraen enfermedades profesionales, deberían tener derecho a una indemnización y a atención médica.

15

Art. 15 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social.

16

Art. 34 literal b) de la Ley del Seguro Social.

17

Arts. 36 al 43 del Reglamento de la Ley del Seguro Social,

18

Art. 42 numeral 2) de la Ley del Seguro Social.

19

Artículo 418 numeral 3 del Código del Trabajo y Art. 43 de la Ley del Seguro Social.

20

Arts. 95 numeral 10) y 413 del Código del Trabajo.

21

Artículos del 76 al 81 del Reglamento General de la Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

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